Cronología de los conflictos sociales que ha provocado la implementación de la ilegal actividad minera por parte de la empresa Río Blanco Copper (propiedad de Zijin Mining de China y Monterrico Metals del Reino Unido).
En el marco de una política de gobierno, con la justificación del crecimiento económico, se antepone el derecho individual empresarial al derecho de propiedad comunal, generando la imposición de actividades mineras en territorio de comunidades y pueblos indígenas de Piura y el Perú. La experiencia de los últimos años ha demostrado que la empresa minera Río Blanco se dota de seguridad policial y militar para la protección de su campamento y operaciones, la cual, si es necesario, provoca la muerte, heridos, torturas y secuestros a autoridades y líderes comunales. Al mismo tiempo se pone en marcha todo el poder judicial y del ministerio público para denunciar y enjuiciar a los líderes que vienen exigiendo el respeto a sus derechos territoriales y modelos de desarrollo que fueron ratificados en una Consulta Vecinal.
Contexto:
Las comunidades de Segunda y Cajas (perteneciente al distrito de Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba) y Yanta (perteneciente al distrito de Ayabaca), están ubicados al norte de la Región Piura, colindante con la frontera con el Ecuador. Es una zona donde existen dos nacientes de las cuencas del Río Chinchipe, que desemboca al Atlántico, y del Río Quiroz, que desemboca al Pacífico. Esta región cuenta con los páramos y bosques de neblina únicos en el Perú, que son zonas de captación de agua y fuente de una gran biodiversidad.
El modelo de vida de los pobladores está basado en la agricultura, agro-industria, ganadería y turismo (mango, limón, arroz, maíz, banano, algodón y leguminosas). Ninguno de los planes de desarrollo regional contempla la actividad minera. Más bien, las actividades prioritarias son las que, actual e históricamente, han generado mayores niveles de empleo regional y dinamizan un importante paquete de flujo de servicios y productos de los corredores económicos, articulando las zonas productoras –andinas y costeñas.
Actualmente más de 28.000 hectáreas de territorio de estas comunidades se encuentra concesionada a empresas mineras para la extracción de minerales a tajo abierto.
Cronología de hechos que provocan muerte y conflictos en defensa de territorio de las comunidades afectadas:
Noviembre de 2003, EL MINEM autorizó el inicio de exploración Minera Majaz (subsidiaria de la empresa inglesa Monterrico Metals), con su proyecto Río Blanco, sin tener en cuenta el consentimiento de la población aledaña.
Abril de 2004, Asesinan a rondero Reemberto Herrera Racho. Después de un fallido intento de diálogo con el gobierno, comuneros y ronderos realizaron una marcha hacia el campamento minero, ubicado en el cerro Henry´s Hills, haciendo conocer su oposición a la presencia de la empresa Minera Majaz. El Gobierno central había dispuesto un contingente policial en resguardo a la empresa minera.
25 de julio 2005, 28 comuneros de Huancabamba, Ayabaca y Pacaipampa fueron secuestrados y torturados en campamento de la Minera Majaz. Por estos sucesos recientemente la Alta Corte del Reino Unido, solicitó el congelamiento de las cuentas hasta por 10 millones de dólares, de la empresa Monterrico Metals por tener indicios de culpabilidad por secuestro y torturas. Las comunidades y rondas de Yanta, Segunda y Cajas, Namballe y San Ignacio habían iniciado una marcha de sacrificio hacia el campamento minero para exigir el retiro de la empresa minera.
01 de agosto de 2005, policía asesina a rondero Melanio García Gonzáles, detienen a 27 personas y enjuician a 140 comuneros, porque los pobladores habían realizado una marcha dando a conocer su rechazo a la presencia de la Minera Majaz. Como en los casos anteriores, la Policía Nacional resguardaba las instalaciones de la empresa minera.
Septiembre de 2005, se crea el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú FDSFNP, para que ésta sea el interlocutor para los procesos de diálogo con autoridades del gobierno: Ministerio de Energía y Minas, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio del Interior
Enero de 2006, Se rompe la mesa de diálogo por retiro de Ministerio de Energía y Minas.
Agosto de 2006, La Defensoría del Pueblo, responsabiliza al Ministerio de Energía y Minas, por las irregularidades en el procedimiento de aprobación en la Evaluación de Impacto Ambiental para las exploraciones del Proyecto Río Blanco.
11 de Septiembre de 2006, La Minera Majaz pidió disculpas públicas reconociendo que su personal provocaba los hechos violentos suscitados por la presencia de esta empresa.
Febrero de 2007, comunidades de Yanta y Segunda y Cajas, denuncian a la Minera Majaz, por el delito de usurpación de tierra ante la fiscalía de Ayabaca y Huancabamba.
Marzo y Abril de 2007, Carmen de la Frontera y Pacaipampa emitieron ordenanzas municipales por las que “Establecen la Consulta Vecinal como mecanismo de participación ciudadana”. Sería el acto donde decidirían el modelo de desarrollo que quieren seguir como pueblos.
27 Abril de 2007, Monterrico Metals vende el 90% de sus acciones al consorcio chino Xiamen Zijin Mining. El nombre de la nueva subsidiaria se llama Río Blanco Copper S.A.
04 de Agosto de 2007, por Resolución Ministerial N° 361-2007-MEM/DM, de Ministerio de Energía y Minas autoriza al Director General de Minería la suscripción de un convenio de Estabilidad Jurídica con la Río Blanco Copper.
14 de agosto de 2007, Jurado Nacional de Elecciones emite un comunicado público declarando que la Consulta Vecinal no tiene carácter vinculante y anunciaba el inicio de procedimientos judiciales contra los municipios que convocaron a la Consulta Vecinal.
16 de septiembre de 2007, se realiza la Consulta vecinal en los distritos de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa cuyo resultado de: 97.92%, 97.48% y 99.39% respectivamente, dijeron NO a la minería.
27 de Diciembre 2008, mediante Decreto Supremo Nº 024-2008 del Ministerio de Defensa, el gobierno peruano declaró de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras, a fin que Xiamen Zijin Mining pueda adquirir y poseer concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios para el mejor desarrollo de sus actividades productivas, dentro de los 50 kilómetros de la frontera norte del país, a pesar de que el Artículo 71 de La Constitución Política del Perú prohíbe que dentro de los 50 km. de frontera no debe existir empresa privada a menos que se declare de interés nacional.
01 de noviembre de 2009, Auto-atentado en instalaciones de la Río Blanco Copper, donde mueren 2 miembros de seguridad de la empresa y 1 policía custodio. Denuncian a Líderes y Dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas por supuestos autores o testigos, razón por la que emiten citaciones para que brinden testimonios.
02 de noviembre de 2009, el Presidente del Consejo de Ministros propone militarizar la zona donde se ubica la empresa minera Río Blanco, a efectos de garantizar sus operaciones y, supuestamente, mantener el orden y la paz.
02 de Diciembre de 2009, La Policía Nacional Asesina a 2 comuneros, cuando un contingente de policías intentaban detener por fuerza de grado al Sr. Lorenzo Rojas y otros comuneros, quienes, supuestamente, serían los responsables del 01 de noviembre de 2009.
En el marco del proyecto minero Río Blanco se están vulnerando los siguientes derechos:
El derecho a la vida; a la integridad física, moral y psicológica; a la consulta previa e informada; a la propiedad de los territorios comunales; a la asociación; a la protesta social; a vivir en un medio ambiente sano; a la paz y la tranquilidad pública; a la libertad de información; a la autonomía de las comunidades en su organización y en la libre disposición de sus tierras; a elegir su propio desarrollo y el derecho a la existencia de las comunidades.
Además se están procesando judicialmente a comuneros autoridades y líderes de organizaciones ambientalistas por la única razón de optar por un desarrollo económico sin la presencia de una actividad minera, de los cuales tenemos:
Por la movilización del 25 de julio de 2005, se denunció a Miguel Palacín (ex presidente de CONACAMI PERU), Mario Tabra Guerrero (Presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente, la Vida y el Agro de Ayabaca), Magdiel Carrión (Presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca), Senecio Jiménez Peña (Presidente de la Comunidad Campesina de Yanta) y a otros 135 personas, en su mayoría comuneros. Los delitos que se les imputa: Contra la Seguridad Pública, en su modalidad de Peligro Común – Arrebato de Armamento; Homicidio Culposo por la muerte del comunero Melanio García González; Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de Lesiones Graves; Contra el Patrimonio, en su modalidad de Daños contra la Propiedad Privada; Contra la Seguridad Pública, en su modalidad de Atentado contra los Medios de Transporte, Comunicación y otros. Malversación de Fondos. El caso se presentó en el juzgado Mixto de Huancabamaba.
También hubo la persecución a 35 líderes campesinos por formar parte de la resistencia contra la imposición ilegal de la actividad minera en Piura: Delitos que se les imputa: Terrorismo, contra la Tranquilidad Pública; contra la Paz Pública en su modalidad de Disturbios; Apología del Terrorismo; Asociación Ilícita para Delinquir; Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en su modalidad de Motín; Conspiración; Contra la Humanidad en su modalidad de Tortura; Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de Lesiones Graves y lesiones Leves; Delito contra la Libertad – Violación de la Libertad Personal en su modalidad de Coacción y Secuestro; Delito contra la Violación de Domicilio; Delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Usurpación; Delito de Daños. Se encuentra en la Quinta Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos contra la Humanidad de Piura.
