El daño producido en Huancavelica puso en evidencia la debilidad en el sistema de fiscalización. Ya el 2008 Osinergmin había inspeccionado las tres mineras que se encuentran en esta región —Julcani (Buenaventura), San Genaro y Caudalosa Chica, todas de empresarios peruanos — y concluyó que ninguna cumplía con la totalidad de exigencias ambientales-.
Incluso, un estudio que elaboró Apoyo para esta institución, determinó que los efluentes de las tres compañías excedían los límites máximos permisibles en acidez y metales arrojados al río. Sin embargo, “si revisamos las resoluciones de Osinergmin, las sanciones no se encuentran”, precisó Manuel Pulgar-Vidal, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
MULTAS: DILATADAS E IMPAGAS
Otro tema pendiente tiene que ver con las sanciones impuestas por las entidades reguladoras, como Osinergmin. Estas siempre son impugnadas y acaban en el Poder Judicial, donde los casos se archivan o se resuelven —con suerte— muchos años después. Otras veces, como bien señaló Pulgar-Vidal, el monto impuesto es tan reducido que la empresa prefiere pagar la multa. La multa máxima estipulada por Osinergmin para daños ambientales producidos por la minería son 600 UIT (poco más de dos millones de soles). “Este monto que casi nunca se impone no es suficiente para remediar o paliar los impactos cuando los daños son enormes”, sostuvo el abogado. Sobre este tema, Iván Lanegra, adjunto para el medio ambiente de la Defensoría del Pueblo, opinó que “las normas deberían ser más estrictas y que se tiene que fortalecer el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)”, al que Osinergmin deberá transferir sus funciones antes de agosto.
Lanegra menciona otro aspecto importante: la imparcialidad de los órganos de control. Cada vez que se registra un incidente ambiental, los fiscalizadores o el Ministerio Público acuden al lugar con el apoyo logístico de la empresa involucrada (que proporciona el transporte).
“Los fiscalizadores deberían tener sus propios equipos y deberían costear su traslado. Es un asunto elemental, pero que casi nunca se puede dar por la ausencia de recursos económicos”, añadió.
Fuente El Comercio
